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Los abogados, a diferencia de los jueces, tenemos como único fin defender los intereses de nuestro cliente y esos fines no son otros que procurar la máxima satisfacción teniendo en cuenta que no hay zona gris, sólo defendemos al cliente. En ocasiones, pocas, cuando un asunto adquiere relevancia pública se ve comprometido el interés final del asunto, de tal modo que no bastará con obtener una sentencia favorable sino que habrá que calibrar el eco social que pueda derivarse de la defensa planteada.

 

Tenemos ejemplos muy claros: podemos decir que el Sr. Camps ganó el juicio, pero qué duda cabe que desde un punto de vista social la figura política de este señor ha quedado gravemente comprometida. Quizá, solo quizá, con otro planteamiento jurídico podría haberse reparado la contingencia jurídica y la repercusión social a la vez. Por otro lado, analicemos la causa contra el Juez Garzón, quien a pesar de haber sufrido una condena legítima y sin paliativos, su figura social ha quedado magnificada y elogiada por la mayoría de estamentos sociales.

 

Centrémonos ahora en el caso Urdangarín. El letrado no sólo debe prever las consecuencias jurídicas del asunto, sino que deberá controlar en todo momento cuál será la repercusión pública después de finalizado el encargo, porqué ¿no preferiría la Monarquía que la imagen del Sr. Urdangarín fuera la de una víctima del sistema con la aplicación jurídica del error invencible con ausencia de dolo, desconociendo por tanto, todo lo que estaba pasando, es decir, ser  víctima del sistema, aun a pesar de una posible sentencia condenatoria? No basta con ganar. Ganar no es suficiente.

 

Visto lo visto, mucho me temo que la imagen del Sr. Urdangarín quedará definitivamente lastrada y sometida a una defenestración social que le impedirá seguir, cuanto menos, una vida en coherencia a los intereses y valores que supuestamente representa. Y es que, a diferencia de lo que ocurre dentro del organismo judicial, en el exterior, en el juicio público sabemos que no existe la presunción de inocencia, sino más bien la presunción de culpabilidad: todo el mundo es culpable hasta que  se demuestre lo contrario, recordemos el caso Pretoria y las famosas imágenes del exconsejero de economía, Macià Alavedra esposado saliendo de un furgón policial. ¿Existe mayor condena pública cuya imagen adquiera una dimensión más irreversible?

Los abogados que  asumen la defensa de personas de notoria importancia social se ven en la obligación de trabajar en dos ejes fundamentales: por un lado, la responsabilidad personal y patrimonial de nuestro defendido y, por otro, su repercusión pública, y mucho me temo que a día de hoy, el segundo de estos ejes se erige como la columna vertebral del encargo, y es que ¿cómo puede asumirse la defensa de una causa que no tiene defensa?¿A caso no sabemos cuál es el resultado de colocarse delante de un tren que circula a toda velocidad? Aquí se centra el núcleo de la cuestión: se trata de pedir perdón.

 

En la gran mayoría de temas en los que personajes públicos han sido condenados (Mario Conde, De la Rosa, Rafael Vera, Josep Lluis Núñez, Del Nido (estos dos últimos pendiente de recurso), Juez Estivill, el Abogado Piquer Vidal, entre otros) ¿cuántos de ellos, “ab initio”, han pedido perdón con un claro e indubitado arrepentimiento? Y es que no es posible justificar lo injustificable. 

 

En mi opinión, después de haber analizado toda la estructura jurídica, y haber observado con total nitidez que, más allá de la senda de la inocencia se observa a lo lejos la inevitable condena, es preferible rectificar, dar marcha atrás y replantear la estrategia. Por ello, al objeto de evitar una masacre tanto jurídica como social, habrá que calibrar una posible conformidad y arrepentimiento “pedir perdón” y aceptar los hechos tal y como son, y así asumir que una vez tiré la piedra. ¿Se acuerdan del caso Millet? La maestría de la defensa dirigida por el ilustre Pau Molins, consistió en reconocer los hechos “ab initio”, en tender la mano a la Justicia y colaborar con ella, desde ese momento se terminó el juicio público del Sr. Millet. Ya no hay caso Millet.  Pero que nadie se equivoque, este individuo será sometido a juicio y a la vista de lo conocido, en mi opinión, será inexorable su condena a pena privativa de libertad, pero cuanto menos, sin juicio público, el resultado será más satisfactorio.


Si pudiéramos poner en valor qué nos produce mas credibilidad  si  una sentencia judicial o bien un  titular de prensa en “ prime time”, les diré que esto último, sin duda. Y aquí radica el cáncer social que padecemos;  la confianza y credibilidad del sistema judicial. Así, cuando una persona es absuelta por un tribunal, persona a la que se ha sometido a un proceso de instrucción previo, un Ministerio Fiscal que no repara en medios para conseguir su objetivo, y unos jueces y magistrados distintos  que valoran con total imparcialidad las pruebas propuestas, cuando todo esto sucede y finaliza con una resolución judicial que revela la inocencia del ciudadano, ¡¿porqué seguimos creyendo que  no hay justicia y que todo parece un complot como si de un film norteamericano se tratara?!  Nos pensamos que sabemos tanto o más que los propios implicados, y sólo por lo que vemos y escuchamos en la prensa escrita, radio o televisión. 

 

Cuando alguien es absuelto, los ciudadanos debemos liberar de toda culpa al procesado y devolverle la confianza que un día sostenía, sin mayor reproche que saber que  “se hizo justicia”. Y que nadie se equivoque, el problema de la justicia no radica en los jueces, sino en la politización de la institución, un poder judicial nombrado por el legislador y si me permiten por los dos partidos mayoritarios, hace que el funcionamiento judicial se vea seriamente comprometido. ¡¡Y con razón!! Exijamos que los jueces y magistrados puedan disfrutar de su independencia e imparcialidad y dejemos de someter a los mismos a juicios sumariales y públicos cuando adopten resoluciones que, a la vista del ciudadano parezcan absurdas o sin sentido. ¡¿Acaso un juez no puede equivocarse!? Pues claro, al igual que un abogado, un médico, etc. cualquier ser humano, pero nuestro sistema es tan garantista que se confieren hasta tres instancias para poder recurrir.  Si confiamos, confiamos, lo demás nos conduce al caos.

 

Recordad: a un toro solo hay dos formas de sacarlo de la plaza: o muerto o entre dos vacas. Que cada uno decida cómo quiere abandonar el ruedo, pero, en mi experiencia personal el reparar el daño causado, mostrar arrepentimiento, asumir las consecuencias de los propios actos junto con el paso del tiempo, hacen que pueda obtenerse una sentencia a todas luces más favorable a los intereses de mis defendidos. Esto no es como el fútbol, que con ganar es suficiente. Aquí lo importante es ganar y también cómo ganar. La pericia de la defensa sucumbe cuando la vanidad y la soberbia se apoderan del rumbo de la estrategia a seguir, cuando un ejercicio de conciencia resolverá eficazmente los intereses planteados. Creo…que no es necesario decir nada más al respecto.

 

Publicado en "e-notícies" el 11.06.2012 ^

 

EL ABOGADO Y SU COMPROMISO

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